Presentación efectuada por la Asociación Argentina del Derecho de las Telecomunicaciones, mediante su Presidente, Dr. Eduardo Daniel Tallarico, por ante la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Nación en referencia al Proyecto de Ley "Argentina Digital", Nº365/12 que cuenta con Media Sanción del Senado de la Nación

Seminario "Concursos y Licencias para TV digital" (Abril 2012). Organizado por Asociación Argentina del Derecho de las Telecomunicaciones

Visita académica ARSAT

.: Presentación efectuada por la Asociación Argentina del Derecho de las Telecomunicaciones, mediante su Presidente, Dr. Eduardo Daniel Tallarico, por ante la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Nación en referencia al Proyecto de Ley "Argentina Digital", Nº365/12 que cuenta con Media Sanción del Senado de la Nación.

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Por medio de la presente, en mi carácter de Presidente de la Asociación Argentina del Derecho de las Telecomunicaciones AADT (en adelante AADT) asociación civil sin fines de lucro, me dirijo a Ud. respetuosamente, para señalar que esta es una entidad de estricta naturaleza académica fundada en 1991, cuyo objeto es el estudio del Derecho relacionado con los servicios de telecomunicaciones, como también de las relaciones jurídicas emergentes de la interacción Gobierno-usuarios-licenciatarios, sin omitir la incidencia que los organismos internacionales tienen en la materia.
La asociación está integrada por profesionales del derecho que ejercen la actividad en distintos ámbitos: estudios jurídicos, poder judicial, entidades y organismos estatales, empresas prestadoras de servicio - públicas o privadas como también en la actividad docente en distintas universidades. La creación de la entidad reconoció la necesidad de enmarcar e interpretar los fenómenos jurídicos y regulatorios vinculados al vertiginoso proceso de transformación y desarrollo del sector de las telecomunicaciones como también su enorme impacto en la sociedad.


Durante este tiempo AADT ha organizado, foros, simposios, debates y disertaciones relativas a los aspectos legales y normativos de la actividad del sector, y también ha venido desarrollando en forma constante e ininterrumpida un programa de postgrado orientado a profesionales de distintos campos y materias; centenares de abogados pero también ingenieros, economistas y contadores, entre otras profesionales, han realizo y completado el programa, manteniendo con la entidad una fluida y constante relación.

La iniciativa formulada por el Poder Ejecutivo de la Nación y remitida a la Cámara de Senadores, conocida como “Ley Argentina Digital”, constituye un hecho sin precedentes en los últimos tiempos, y nos impulsa a acercar al Congreso de la Nación opiniones y comentarios acerca del proyecto de ley que se debate en el Poder Legislativo.

A priori queremos enfatizar, nuestra satisfacción y agradecimiento por poder exponer ideas y opiniones que entendemos pueden contribuir al debate pero también al análisis y estudio de la iniciativa de dictar una nueva ley relativa a una materia con tan alto impacto social.

No resulta necesario exponer aquí sobre la relevancia del sector “telecomunicaciones”, de hecho la exposición de motivos que antecede el texto propuesto alude a esa situación. Pretendemos en forma abreviada y concisa aludir a aspectos contenidos en el proyecto y que a nuestro criterio resulta oportuno explayarse.

La AADT considera conveniente el dictado de una nueva ley de telecomunicaciones en reemplazo de la ley 19.798.

En efecto, el texto legal que se aconseja sustituir, promulgado en 1972, se pensó en el marco de un Estado que era al mismo tiempo operador de los servicios de telecomunicaciones, autoridad de control, autoridad regulatoria y finalmente juez y parte en los conflictos que se podían suscitar ya fuere entre los usuarios de los servicios y el prestador de los mismos o entre el Estado y los pocos operadores independientes autorizados para dar servicios. Si bien la ley 19.798 fue en reiteradas oportunidades reformada, el modelo de país que la generó ha quedado ampliamente superado, siendo imprescindible contar con un texto legal uniforme y adecuado a la naturaleza de los servicios que se prestan en la actualidad.

En ese orden de ideas, la AADT coincide en la imprescindible necesidad de que el marco legal reconozca la convergencia de los servicios. El soporte a través del cual los mismos se prestan es irrelevante para el cliente final, cuya única aspiración es la de poder optar por el prestador que le brinde los servicios, que éstos sean de calidad y al menor precio posible.

Sin perjuicio de lo expuesto, la AADT considera que es necesario un ámbito de mayor debate y trabajo en búsqueda de consensos, ya que el citado proyecto contiene imprecisiones y ambigüedades que podrían ser causa de futuros conflictos.
El proyecto reconoce las evidentes asimetrías existentes entre los diferentes operadores de servicios.

Por otra parte, el proyecto contendría disposiciones que podrían colisionar lo establecido en el art. 42 de la Constitución Nacional, en tanto atribuye como facultad indelegable del Congreso Nacional el dictado de “..los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control...”

Finalmente, reiteramos nuestro beneplácito con la iniciativa, sin perjuicio de la necesidad que un amplio y fructífero debate legislativo permita arribar a una norma consensuada y adecuada a objetivos de crecimiento.

 


.: Esquema explicativo del Fallo, publicado por el Centro de Información Judicial

1) Voto de la Mayoría de Jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: Dres. Lorenzetti, Highton, Petracchi, Argibay, Maqueda y Zaffaroni...

Los principales argumentos:
La ley 26522, en cuanto regula la multiplicidad de licencias de modo general, es constitucional, porque es una facultad del Congreso, cuya conveniencia y oportunidad no es materia de análisis de los jueces. Por otra parte, el análisis constitucional es ajeno a los conflictos futuros que puedan presentarse con la aplicación de la ley, que son materia de otros pleitos.

La Corte Suprema ha dicho que la libertad de expresión es, entre las libertades que la Constitución consagra, una de las que posee mayor entidad, al extremo que, sin su debido resguardo existiría tan solo una democracia nominal. La libertad de expresión, en su faz individual, admite una casi mínima actividad regulatoria estatal, y ha sido fuertemente protegida por esta Corte en numerosos precedentes.

La protección constitucional no se limita a ello, sino que también incluye el derecho a la información de todos los individuos que viven en un estado democrático.

La libertad de expresión, en su faz colectiva, tiene por objeto proteger el debate público, con amplias oportunidades de expresión de los distintos sectores representativos de la sociedad.

Se trata de fortalecer una democracia deliberativa, en la que todos puedan, en un plano de igualdad, expresar sus opiniones y en la que no pueden admitirse voces predominantes. Que la ley es coherente con el derecho de los consumidores a la información (Art 42 CN) lo que significa el acceso a distintas fuentes plurales. Que también lo es con la defensa de la competencia, como bien de incidencia colectivo (artículo 43 de la Constitución Nacional). En la medida en que las ideas y la información constituyen bienes que se difunden a través de los medios de comunicación, si hay concentración, sólo algunas ideas o algunas informaciones llegarán al pueblo, perjudicando seriamente el debate público y la pluralidad de opiniones. Todo ello exige una protección activa por parte del Estado, por lo que su intervención aquí se intensifica.

Los medios de comunicación tienen un rol relevante en la formación del discurso público y en la cultura, por lo que el interés del Estado en la regulación es incuestionable.

En este contexto constitucional, es legítima una ley que fije límites generales a priori, porque de esa manera se favorece la libertad de expresión al impedir la concentración en el mercado.

Los jueces consideran que este tipo de regulaciones constituyen una práctica internacionalmente difundida y aceptada...

Como consecuencia de ello, cada uno de los votos examina en particular las razones de los textos legales impugnados y concluye que: Es constitucional el art. 41, en cuanto sujeta la transferencia de licencias a la autorización estatal y establece limitaciones a la enajenación. Es constitucional el art. 45. Apartado 1, inc. c) (24 licencias de cable); Apartado 1, párrafo final (35% del total de habitantes o abonados); Apartado 1, inc b) (no permite ser titular de más de una señal de contenidos); Apartado 2, incisos c y d (licencia de cable o 1 licencia de TV abierta en orden local); Apartado 2, párrafo final (3 licencias locales); Apartado 3, en su totalidad (1 señal de contenido para titulares de licencias de radio y tv abierta y 1 señal propia para los titulares de licencias de cable).....

2) Aplicación de la ley: protección de los derechos de propiedad
La mayoría considera que la sentencia debe ajustarse a argumentos de las partes y a los hechos demostrados por ellas en el juicio.

En este sentido, no se ha probado que, al momento del dictado de la sentencia, exista una afectación actual de la libertad de expresión. Lo que está en discusión es una ley del Congreso y no una decisión del Poder Ejecutivo, lesiva de la libertad de prensa, dirigida contra un particular que pueda dar lugar a la aplicación del precedente “Editorial Río Negro S.A. c/ Neuquén”, (Fallos: 330:3908). Por el contrario, la ley 26.522 emanada del Congreso no establece reglas dirigidas a afectar a un sujeto y no a otros. La ley establece límites iguales para todos los titulares de licencias. De modo que no corresponde aquí partir de una sospecha de ilegitimidad de la norma con desplazamiento de la carga de la prueba, sino que debe ser el grupo actor quien debe acreditar que la ley afecta sus derechos constitucionales.

De acuerdo con las constancias de la causa, en el caso no se encuentra afectado el derecho a la libertad de expresión del Grupo Clarín, en tanto no ha sido acreditado que el régimen de licencias que establece la ley ponga en riesgo su sustentabilidad económica. La “sustentabilidad” no puede ser equiparada a “rentabilidad”, y en este sentido, hace a la naturaleza propia de un proceso de desconcentración la posibilidad de una reducción consiguiente de los márgenes de ganancia empresaria.

No resulta admisible que sólo una economía de escala, como la que posee actualmente, le garantiza la independencia suficiente como para constituir una voz crítica. Hay numerosos medios pequeños o medianos que ejercen una función crítica y, a la inversa, hay grandes concentraciones mediáticas que son condescendientes con los gobiernos de turno....

El modo de proteger estas licencias es la indemnización pecuniaria, pero de ningún modo implica que la ley no pueda ser aplicada. Si así fuera, ninguna ley que proteja el interés general podría ser eficaz.

Ello no quiere decir que, si en la etapa de la aplicación se afectara la libertad de expresión hubiera una distribución discriminatoria de la publicidad o de los subsidios oficiales, la actora no pueda ejercer sus derechos. Pero no se puede, en esta instancia, proteger un derecho que puede ser o no afectado en el futuro.

Por esta razón declara que el artículo 48 de la ley es constitucional, lo que debe ser interpretado en el sentido de que nadie tiene derecho al mantenimiento de la ley general, siempre que se indemnicen los perjuicios que sufra la licencia individual. El artículo 161, cuyo plazo de encuentra vencido, es constitucional..."

 

 

.: Seminario "Concursos y Licencias para TV digital" organizado por Asociación Argentina del Derecho de las Telecomunicaciones. Abril 2012

Se desarrollaron paneles sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, referidos específicamente a las previsiones respecto a los concursos para la TV Digital Abierta, asignaciones directas, porcentajes de producción nacional y propia y exigencias de accesibilidad, Apagón Analógico, roles del Consejo Asesor y AFSCA, Plataforma Nacional de TV Digital Terrestre, Parque de receptores, Disponibilidad de contenidos, Concursos del INCAA y Programa Polos.

Tv Digital 2012

Tv Digital 2012

Destacados especialistas entre los que se encuentran los Dres. Héctor Huici, Vicente J.Zirpoli, Francisco Gutiérrez, Ricardo Porto, Claudio Schifer, Lic. Eduardo Seminara, Osvaldo Nemirovsci, Mateo Gómez Ortega se refirieron al tema de la  Televisión Digital Terrestre describiendo los temas que aborda la Ley 26.522, y roles de AR-SAT, AFSCA y COPITEC, carpetas a presentar para obtener licencias (Institucional-Legal, Patrimonial, Comunicacional y Técnica) Mecanismos de selección de adjudicatarios, puntajes y obligaciones posteriores a la adjudicación, entre otros temas.

Participó también el Vicerrector de la Universidad Nacional de Rosario, Mg. Eduardo Seminara, actual Director de la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual.  http://www.unr.edu.ar/noticia/4818/el-vicerrector-participo-de-seminario-sobre-concursos-y-licencias-de-tv-digital

 


.: VISITA ACADÉMICA A ARSAT.

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